Resumen: Se reclamaban en la demanda por el propietario de un local el lucro cesante derivado de la tardanza de su Comunidad de propietarios en acometer y terminar las obras de reparación que supusieron la inutilización del local, que estuvo cerrado un largo período de tiempo. Las obras consistieron en cambiar las bajantes de aguas fecales que evacuaban a través del suelo del local y que se encontraban deterioradas en varios puntos, hasta el punto de haber tenido que dar aviso varias veces a los servicios de desatasco. La posible responsabilidad civil de la comunidad de propietarios no está en la decisión de realizar unas obras de sustitución de unos elementos comunes que están en mal estado, sino en la tardanza en terminarlas. Para juzgar sobre el retraso hay que tener en cuenta varios factores, pues en primer lugar la Comunidad deberá celebrar la junta que decida la realización de las obras, en segundo lugar, encontrar la empresa que las haga, y en tercer lugar terminar la obra.
Resumen: La sentencia de primera instancia estima sustancialmente la demanda sobre impugnación de acuerdos comunitarios interpuesta por la comunidad de propietarios de cocheras (subcomunidad de cocheras) contra la comunidad de propietarios, y, declara la nulidad del reparto de gastos presupuestario y de la cuota anual aprobada y repercutida a la subcomunidad de garajes. La comunidad de propietarios recurrió por la exclusión de la subcomunidad de garajes en relación con la contribución al fondo de reserva de la comunidad y por la declaración de nulidad del acuerdo por el que se le impuso un recargo del 10% por impago de cuotas. El tribunal de apelación desestimó el recurso y confirmó la sentencia recurrida. La cantidad aportada por la subcomunidad al fondo de reserva se destinó para continuar la obra de reforma del portal para la supresión de barreras arquitectónicas, algo a lo que no estaba obligada la subcomunidad de plazas de garaje por no servirse de las obras realizadas, por lo que, según los estatutos, no estaba obligada a contribuir por ellas. También rechaza la aplicación del recargo por retrasos en el ingreso de las cuotas: el acuerdo adoptado sobre el recargo por mora no recoge los criterios a aplicar, por lo que es una norma en blanco cuya concreción no puede quedar a la decisión del administrador, todo ello sin perjuicio del interés de demora previsto legalmente desde que el momento en que se deba efectuar el pago.
Resumen: Se solicita la declaración de que el uso y aprovechamiento que de los espacios destinados a cisternas en los patios traseros están realizando los demandados es ilegítimo, por ser contrario al título constitutivo de la Comunidad de Propietarios, siendo dichos elementos comunes. Estimada la demanda recurren los demandados, alegando en primer lugar la prescripción adquisitiva de tales lugares. Rechaza la Sala la usucapión ordinaria, pues en ningún caso gozan los demandados-apelantes de justo título, ni de buena, fe al pretender adquirir la propiedad sobre un elemento común del inmueble en propiedad horizontal, siendo notorio el carácter comunitario de dichos elementos. Se rechaza también la usucapión extraordinaria, pues no se considera acreditada la posesión pública pacífica e ininterrumpida por parte de los demandados-apelantes durante los 30 años exigidos en el art 1.959 CC. Por el contrario, la valoración de la prueba practicada permitiría concluir que las obras ejecutadas por los demandados-apelantes para incorporar a sus viviendas como trasteros las antiguas cisternas del edificio, fueron muy posteriores a los años 90 como parece defender la recurrente. Por otra parte, en la Escritura de constitución de la División Horizontal de la Comunidad aparecen como elementos comunes la cisterna existente en la parte posterior del edificio, no constando tampoco que en momento alguno la comunidad haya procedido a la desafección de las cisternas como elemento comunitario.
Resumen: Se ejercita acción de reducción "quanti minoris" o estimatoria por vicios ocultos de la cosa vendida (instalación de aire acondicionado que genera malos olores y deficiencias en la instalación solar térmica) y otra de reclamación de cantidad por incumplimiento contractual. Estimada parcialmente la demanda recurren los demandados, alegando que los malos olores es una cuestión de mantenimiento, no de vicios, y consideran que los defectos de la instalación solar no son previos a la venta. Para que prospere esta acción, el vicio tiene que ser oculto, es decir, no visible a primera vista. Si el comprador es perito en la materia, no puede prosperar esta acción, ya que es capaz de reconocer el vicio en el momento de la compra, aunque esté oculto. El vicio tiene que ser anterior a la compraventa y tiene que ser grave, en el sentido que si lo hubiera conocido el comprador no habría adquirido la cosa o lo habría hecho por un precio inferior. En cuanto a los malos olores, pericialmente se indica que se deben a la inexistencia de filtros, hecho este que surge tras una utilización continuada del aire, la cual no pudo ser observada por los compradores previamente a la compra. En relación a las deficiencias en la instalación solar térmica, consta que varios tubos de la instalación están dañados y no realizan su función, lo que no pudo ser observado por los compradores, dada la dificultad de acceso a los mismos y la ausencia de una escalera móvil.
Resumen: El Auto dictado acuerda el archivo del proceso monitorio al no ser hallado del deudor en el domicilio designado y no resultar de la averiguación efectuada por el Juzgado domicilio alguno en el que practicar el requerimiento de pago. Y frente a dicho Auto se alza el solicitante del procedimiento monitorio alegando, en síntesis, que el demandante se rige por las disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal al amparo de lo establecido en su artículo 24, reclamando en el presente procedimiento cantidades debidas de conformidad con su artículo 9.1 h), por lo que en todo caso la competencia territorial es la del lugar en que se encuentra la finca, esto es, el Juzgado al que se ha dirigido la demanda. La Audiencia declara que de la documentación que aporta el actor a su solicitud no resulta el sometimiento de las relaciones "inter partes" a la Ley de Propiedad Horizontal, pues no acompaña el título de constitución de la Cooperativa actora del que resulte que se constituye para la gestión de elementos de los que participen en común los titulares de las edificaciones o parcelas independientes entre sí cuyo destino principal sea la vivienda o local (artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal), no resultando tampoco de la descripción que de la vivienda que titula el demandado en el Registro de la Propiedad que se aporta.
Resumen: Se discrepa si, transcurridos los plazos legales de vigencia del contrato que prevén los art. 9 y 10 de la LAU y habiéndose continuado en el uso de la vivienda por no existir comunicación negando la prórroga, el contrato se ha novado y el nuevo contrato está sometido al plazo de duración vigente en la fecha de inicio de su plazo o debe aplicarse la institución de la tácita reconducción. El Tribunal señala que en este caso existió requerimiento negando la prorroga, y simplemente llegado el día, siguió la vigencia del contrato, lo que implica prórroga de un año atendiendo a lo dispuesto en el art. 1581 CC, por tácita reconducción. La novación exige extinguir una obligación preexistente, o modificar la previa, sin que sea suficiente con la elevación de la cuantía de la renta para considerar que el contrato se ha novado. Respecto de la interpretación del art. 20 LAU que posibilita que las partes pacten que la cuota que por la vivienda debe pagarse a la comunidad de propietarios la asuma el arrendatario, debe ser un pacto claro, sin que en este caso sea exigible que se concretase el importe anual, puesto que a la fecha de contrato la reforma que lo impuso no estaba vigente. No existen dudas de hecho ni de derecho.
Resumen: Por Comunidad de propietarios se ejercita acción de cesación de actividades prohibidas en los estatutos de la comunidad contra propietaria y arrendataria de piso del edificio. A la vez insta medida cautelar de cese inmediato de la actividad con apercibimiento de desobediencia. El Juzgado inadmite a trámite la petición de la medida cautelar por falta de los requisitos para ello. Se revoca el auto en apelación para que se diese curso y se decidiese sobre la medida cautelar tras la vista solicitada. Solo cabe inadmitir una demanda en los casos y por las causas expresamente previstas en esta Ley, como es cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquéllas o no se hayan intentado conciliaciones o efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales, lo que no era el caso. Prevista expresamente en la LPH para el caso de ejercicio de la acción de cesación la medida cautelar solicitada de la inmediata de la actividad prohibida bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia, y cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación, la demanda debió de ser admitida y celebrada la vista solicitada por la peticionaria, y conforme a su resultado resolver en consecuencia sobre su adopción o no. Y no ser decidida inaudita parte, a salvo la solicitud de esta manera por la interesada.
Resumen: Se plantea demanda impugnando acuerdo de Comunidad de Propietarios instando su anulación por grave perjuicio y adopción con abuso de derecho, acumulando pretensión indemnizatoria. Instada su subsanación por indebida acumulación de acciones, se mantiene solo la petición de impugnación del acuerdo. La sentencia de instancia estima la pretensión impugnatoria y además concede indemnización de daños y perjuicios, esta como petición implícita en la demanda. Apela la Comunidad demandada la sentencia por vulneración del principio rogatorio y incongruencia de la sentencia. Concurre incongruencia cuando se concede más de lo pedido, ultra petita, se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes, extra petita, o se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes, citra petita, siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse cómo desestimación tácita de la pretensión deducida. Siendo válido que se dé menos de lo pedido, infra petitum, lo que no constituye infracción de incongruencia salvo que se diera menos de lo admitido por el demandado. En el caso analizado el actor requerido por indebida acumulación limita su pretensión a la anulación del acuerdo. acción que estima la sentencia de instancia, pero además condena a indemnización de daños y perjuicios, concurriendo con ello en incongruencia extra petita, debiendo haberse limitado a lo pedido en la demanda una vez desacumulada.
Resumen: La caída del operario -sin relación laboral de dependencia con el demandado- se produjo al ceder la pared de la casa en rehabilitación contra la que tenía apoyada la escalera a la que estaba subido para ejecutar su trabajo. No corresponde al propietario que contrata a un profesional para pintar la casa que está reformando comprobar las medidas de protección que deben adoptarse (a diferencia del empresario con su trabajador); es el profesional que asume la realización de los trabajos el que debe actuar con la diligencia necesaria para no causar un daño a sí mismo o a terceros. Tampoco concurre en este caso la responsabilidad del que habita una casa por las cosas que de ella cayeren o se arrojaren.
Resumen: La sentencia de instancia estima en parte el recurso y revoca la sentencia de instancia estimando en parte la demanda y declarando el derecho de las demandantes en cinco varas del monte que describe y declara su derecho a participar en la comunidad demandada como propietarias participes con derecho a percibir la parte a ellas correspondiente por sus varas por la corta de madera del monte. Argumenta la Sala que lo que caracteriza a estos montes vecinales es su uso y aprovechamiento por una colectividad de personas, en este caso, condóminos. Es clara, la legitimación pasiva de la comunidad de propietarios a efectos de la acción declarativa que se ejercita en la demanda, pues no otra entidad es la que podría declarar el derecho de las actoras a participar en la comunidad en su condición de propietarias partícipes con el número de varas que se determine. Del histórico de las varas pertenecientes a Casa Raúl a comunidad de propietarios ha de reconocer a los descendientes en esa casa las cinco varas de las demandantes . Y siendo un hecho acreditado que por parte de la comunidad se acordó la corta de la madera plantada en el monte y su venta, y que los copropietarios del monte de manera individual cobraron del maderista, es por lo que las actoras en cuanto partícipes del monte tienen derecho a la parte proporcional correspondiente a sus varas por tal venta.
